"Nosotras y nosotros, la ciudadanía europea..."

Lo prometido es deuda; por eso os reproduzco el artículo que he publicado en el libro de la Delegación Socialista Española al que hacía referencia en la entrada de ayer. El texto se centra en el concepto de ciudadanía europea y en el proceso constituyente. Espero que os guste.

"Nosotras y nosotros, la ciudadanía europea..."

Conformando un demos soberano para una unión federal


No repetiremos bastante que la UE es lo mejor que ha hecho este continente en toda su historia. Pero la Europa que estuvo en el origen objetivo del proceso de unidad que hoy celebramos ya no existe. Vivimos en una Europa distinta y en un mundo diferente, que reclaman con urgencia culminar el proceso empezado en Roma hace 50 años.

Sin dar ese paso cualitativo y cuantitativo, no nos quedaríamos eternamente como estamos. Se equivocan quienes creen que, al fin y al cabo, todo seguiría funcionando, con ligeras adaptaciones que permitieran a la maquinaria producir decisiones. Eso podría valer, quizás, para otros tiempos más tranquilos, pero no para la época que nos ha tocado vivir. Fue un error pensar que el euro llevaría indefectiblemente a la unión política. No ha sido así y hemos corrido el riesgo de que esta última quedara aplazada sine die, con la UE de la que hoy nos enorgullecemos entrando en un período de envejecimiento, de inoperancia y de renacionalización.

Había otro camino: culminar la unión política para que esta lleve a la unión económica y social con la que hacer realidad los derechos de la ciudadanía europea. ¿Cómo? Manteniendo la sustancia de la Constitución Europea, su columna vertebral, con un acuerdo político que permitiera a quienes habían dicho sí, la habían rechazado o no se habían pronunciado formar parte del consenso.

Era complicado alcanzar ese objetivo, pero se ha conseguido en la Cumbre que en junio aprobó el mandato pormenorizado para que una Conferencia Intergubernamental (CIG) elabore un nuevo Tratado de la Unión que contendrá los principales avances de la Constitución en valores, derechos, objetivos, políticas e instituciones, añadiendo incluso nuevas referencias en otros aspectos relativos a los criterios para la adhesión, la subsidiariedad, la energía o el cambio climático.

Tras la conclusión de esa CIG, nos enfrentaremos de nuevo a un proceso de ratificación nacional a 27 que ha de terminar bien antes de las elecciones europeas de 2009, pues otro tropiezo como los sufridos por la Constitución en 2005 tendría consecuencias desastrosas.

El texto que elaboramos en la Convención, del que procede directamente el nuevo Tratado, no es de izquierdas, claro está, aunque tenga una reconocible impronta de los socialistas que participamos en aquel ejercicio. Y, sin embargo, es la izquierda europea la que se juega más en este momento. Por eso es clave que el Partido Socialista Europeo y la Confederación Europea de Sindicatos sean protagonistas en sacar el debate constitucional del marco nacional, donde está condenado a reproducir dinámicas negativas y a convertirse en solitario en una suerte de ruleta rusa.

El mandato para el nuevo Tratado se deja por el camino cosas muy importantes. Citemos algunas especialmente llamativas desde la óptica de la ciudadanía europea:

- el propio término Constitución, que todo el mundo comprende y que tiene por sí mismo una enorme fuerza política;

- el Artículo 1 de la Constitución Europea, que señalaba a los estados y a los ciudadanos -por primera vez- como fuente de legitimidad de la UE;

- la reproducción íntegra de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en el texto principal;

- los símbolos de la Unión, que quedaban por fin oficializados en el derecho primario.

Sí, es curioso, pero basta fijarse un poco para ver con claridad que algunos gobiernos se han empeñado con ahínco en que quedaran fuera del nuevo Tratado precisamente los avances más cercanos a la ciudadanía, con los que esta ganaba el estatus de sujeto de la construcción europea o con los que podía identificarse con mayor fuerza o facilidad.

Sin embargo, ha sido gracias a la ciudadanía que la UE contará con un Tratado que supondrá un gran avance en derechos, democracia y eficacia respecto al de Niza. Primero, porque sin una Convención abierta y participativa -en la que los parlamentarios y la sociedad civil rompieron el círculo vicioso de las Conferencias Intergubernamentales- no hubiera sido posible elaborar una Constitución Europea, y sin esta, el futuro Tratado sería inimaginable. Segundo, porque los referéndums con resultados negativos abrieron el melón de la crisis institucional, pero aquellos en los que triunfó el sí fueron el anclaje imprescindible para que el ejercicio constitucional no se volatilizara. A la consulta celebrada en España en febrero de 2005 se le ha tratado injustamente desde diversos sectores: precipitada, con una alta abstención...Mas hoy es incuestionable que sin ella hubiera sido imposible mantener la llama de la Constitución Europea tras lo ocurrido en Francia y Holanda meses después.

El Tratado que saldrá de la próxima Conferencia Intergubernamental no podrá ser considerado el "fin de la historia" en el proceso de construcción europea, como algunos sectores plantean abierta o implícitamente. Tiene grandes defectos e insuficiencias, como hemos visto. Por eso, el objetivo cuando entre en vigor será doble: desarrollarlo al máximo y mantener firme el horizonte de una Constitución Europea que nos permita culminar la unión política en un sentido federal y de la que no podrán faltar contenidos inherentes directamente al interés de la ciudadanía como la doble legitimidad de estados y ciudadanos; la Carta de Derechos Fundamentales, sin excepciones ni cortapisas a su interpretación y reclamación ante los Tribunales;
la aplicación 100 % de la mayoría cualificada y la codecisión; la simplificación de los actos legislativos y su denominación como leyes, para que todo el mundo las entienda; una política económica de la Unión digna de tal nombre que nos lleve a una verdadera Europa social;
un acceso mucho más amplio del ciudadano al Tribunal de Justicia de la UE; un procedimiento de reforma de las normas fundamentales de la Unión que abandone la unanimidad.

Solo alcanzaremos la meta de constitucionalizar la UE en un sentido federal con voluntad política, aplicando el método de la Convención y, lo que es más importante que cualquier otra consideración, situando a la ciudadanía europea en el centro de la toma de decisiones.

Debería estar claro a estas alturas que la ciudadanía debe ser el alfa y el omega de la construcción europea, una democracia supranacional que en eso no puede diferenciarse de nuestros estados de derecho, aunque hasta la fecha se haya venido aplicando una suerte de despotismo ilustrado que podríamos resumir en la frase "todo para la ciudadanía pero sin la ciudadanía".

Concretar esa buena intención política exige, desde mi punto de vista, cinco medidas esenciales respecto al desarrollo de la ciudadanía europea:

a- identificar constitucionalmente a la ciudadanía como fuente de legitimidad de la Unión, compartida en un primer momento con los estados que la componen, algo que, sin embargo, la configuración de una unión política federal le otorgaría en exclusiva;

b- extender del concepto de ciudadanía europea: si hoy es ciudadano de la Unión quien ostenta la nacionalidad de alguno de sus estados miembros, considero que en el futuro más cercano debe otorgársele a todos los que viven y trabajan en el territorio comunitario de forma regular y permanente siendo nacionales de un país tercero, lo que conllevaría un enorme paso en la integración de una Europa cada vez más plural;

c- reconocer y garantizar derechos efectivos: la ciudadanía se define por el ejercicio de derechos y deberes; de ahí que los cuatro actualmente explícitos (libertad de circulación y residencia en el territorio de los estados miembros, sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del estado miembro en el que residan, protección consular y formular peticiones a la Eurocámara y recurrir al Defensor del Pueblo Europeo) sean importantes pero insuficientes; por eso es clave la entrada en vigor con carácter jurídicamente vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (elaborada por cierto en la primera Convención celebrada en la Unión), que era la segunda parte de la Constitución Europea y que ahora estará referenciada en el nuevo Tratado; una Carta que deberá someterse en el futuro a su mejora de acuerdo con los valores y objetivos de la Unión, pero que ya supone un avance de contenidos extraordinario -incluso respecto a las constituciones nacionales de los socios comunitarios- que se verá completado por la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, asunto en el que la CIG de 2004 perfeccionó la propuesta de la Convención;

d- mejorar las vías de decisión y propuesta de la ciudadanía, lo que pasaría por:

*convertir al Parlamento Europeo en un legislativo pleno, algo que repercutiría directamente en el aumento de la participación en las euroelecciones;

*crear la figura del referéndum europeo vinculante, que debería ser convocado para las modificaciones de envergadura de las normas de rango constitucional;

*instituir la referéndum europeo consultivo sobre decisiones legislativas o políticas de especial trascendencia;

*poner en práctica los contenidos del principio de democracia participativa incluidos en la Constitución y que formarán parte del nuevo Tratado, impulsando el diálogo civil y social y la transparencia;

*facilitar al máximo el conocimiento y el ejercicio de la iniciativa ciudadana europea, una de las grandes innovaciones de la Convención;

*subrayar el papel de los entes regionales y locales a la hora de elaborar y aplicar las normas y las decisiones comunitarias, en el marco del principio de subsidiariedad;

*promover el papel a los partidos políticos europeos, al menos a través de dos medidas: las listas transnacionales al Parlamento Europeo y la presentación de cabezas de candidatura que pugnarían para ser Presidentes de la Comisión Europea;

*reforzar la presencia de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de la Unión, subrayando, en primer lugar y junto a otras medidas, el papel del Comité Económico y Social;

e- dar prioridad política, legislativa y presupuestaria a lo que llamaríamos "políticas y decisiones de ciudadanía", es decir, aquellas que afectan más directamente a la vida cotidiana:

*igualdad entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos, desde el empleo y el salario hasta la paridad en las instituciones, pasando por el combate contra lacras como la violencia contra la mujer;

*no discriminación por cualquier motivo: raza, discapacidad, sexo, orientación sexual, convicciones religiosas, etc.;

*las relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, empezando por la lucha frente al terrorismo y el crimen organizado y la gestión de las catástrofes naturales o humanas;

*la cohesión económica, social y territorial, configurando una Europa del empleo y la igualdad de oportunidades que forme un conjunto con la unión económica y monetaria;

*plena integración de los inmigrantes;

*garantía de los derechos de los consumidores y protección de la salud pública, con un intercambio fluido de las prestaciones de los respectivos sistemas nacionales;

*protección del medio ambiente;

*creación de un espacio compartido de educación y potenciación -especialmente en lo referido a su accesibilidad económica- de programas como el Erasmus;

*preservación de la pluralidad cultural y lingüística de la Unión como uno de sus principales patrimonios;

*fomento del diálogo intercultural.

Si una ciudadanía puede definirse (siguiendo a T.H. Marshall) por tres perfiles: civil, a través de la igualdad ante la ley, político, con el voto, y social, gracias al estado del bienestar, no puede negarse que estamos ante el surgimiento de una europea que ha ido ocupando progresivamente su lugar, recorriendo importantes etapas en ese sentido:

- la elección por sufragio universal del PE en 1979,

- el Tratado de Maastricht, con la inclusión del concepto de ciudadanía europea a propuesta del Gobierno español presidido por Felipe González, el procedimiento de codecisión y los primeros pasos en el ELSJ;

- los sucesivos incrementos posteriores de los poderes de la Eurocámara,

- la Constitución Europea, con la soberanía compartida (estados y ciudadanos), la Carta de Derechos, la perfección de la democracia bicameral y la inclusión, junto a la democracia representativa, de la democracia participativa,

- el método de la Convención,

- el nuevo Tratado, que mantiene todos esos logros excepto el Artículo 1 de la Constitución.

En fin, nuestro objetivo no puede ser otro que conformar una Unión federal con un sistema republicano de gobierno en forma de democracia parlamentaria en el que el sujeto sea un demos soberano: la ciudadanía europea.

No será sencillo, pero estoy convencido, ahora que conmemoramos el centenario del nacimiento de Altiero Spinelli, de que algún día contaremos con una Constitución de la UE que empiece diciendo algo así como "Nosotras y nosotros, la ciudadanía europea...". Entonces podremos hablar con propiedad de la existencia de un demos europeo y de una UE que, más allá de la clásica identificación de nación-estado-ciudadanía, sea el mejor ejemplo de patriotismo constitucional en el Siglo XXI.

Carlos Carnero,
Miembro de la Presidencia del Partido Socialista Europeo e integrante de las comisiones de Comercio Internacional, Asuntos Constitucionales y Peticiones del PE, Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea