La decisión de la Comisión Europea de llevar al Gobierno de Esperanza Aguirre ante el Tribunal de Justicia de la UE por sus violaciones de la ley comunitaria en el desdoblamiento de la M-501 ha tenido una amplísima repercusión en los medios de comunicación. Un buen ejemplo de ello es el artículo publicado hoy por Ricardo M. de Rituerto en El País, que recoge mis declaraciones sobre el tema y que reproduzco a continuación:
El Tribunal Europeo sienta a Aguirre en el banquillo por la M-501
RICARDO M. DE RITUERTO - Bruselas - 27/06/2008
La Comunidad de Madrid se sentará en el banquillo del Tribunal de Justicia de la UE acusada por la Comisión Europea de perpetrar graves violaciones de la legislación medioambiental comunitaria en las obras de desdoblamiento de la carretera de los pantanos. La decisión fue tomada con efecto inmediato, al concluir el Ejecutivo comunitario que, tras un año de congelación de la medida (acudir al Tribunal de Luxemburgo), las autoridades madrileñas no mostraban intención alguna de remediar los daños causados por las obras de la M-501.
"Hemos tenido discusiones mucho tiempo. No habrá más", dice Bruselas
La decisión de llevar a la Comunidad al tribunal fue adoptada oficialmente ayer por la mañana, aunque los métodos comunitarios permiten aventurar que se tomó políticamente en la reunión del miércoles de la Comisión. "Hoy lanzamos el procedimiento contra la ampliación de la M-501 porque se siguen haciendo trabajos en violación de la legislación medioambiental comunitaria", anunció escuetamente una portavoz en Bruselas.
La decisión no admite posibilidades dilatorias, ya explotadas hasta la extenuación. La Comisión no aguanta más demoras. "Hemos tenido discusiones durante mucho tiempo. No habrá más", zanjó la portavoz. El caso pasará en cuestión de dos semanas al Tribunal de Luxemburgo, donde cabe esperar que tarde dos años en quedar visto para sentencia.
El expediente puesto a disposición de la Comisión pasa cronológicamente revista a toda la peripecia del desdoblamiento de la M-501 y recuerda cómo ya en 1998 el cuestionado proyecto recibió una declaración de impacto ambiental negativa "debido a los severos efectos adversos sobre la integridad del territorio". La idea, abandonada en primera instancia, fue resucitada en julio de 2005. El vaivén negociador y sancionador quedó roto por el recurso del Gobierno regional a la sentencia anuladora del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La decisión de la Comisión tiene dudoso efecto práctico sobre el desdoblamiento, dado el tiempo que llevará el procedimiento judicial. Carlos Carnero, el eurodiputado socialista que ha presentado diversas preguntas sobre el caso, prefería ver la botella medio llena. Además de congratularse por el varapalo judicial a lo que define como soberbia de Aguirre, Carnero pone el énfasis en la jurisprudencia que sentará la M-501, que ve como disuasoria de futuras violaciones en casos de grandes infraestructuras. El eurodiputado aventura que el caso se saldará con una gravosa sanción al Estado."
