Más sobre Esperanza Aguirre y la Unión Europea: de la M-501 a los Agentes Forestales

Si algo debemos reconocer a Esperanza Aguirre es su capacidad para organizar líos. Particularmente, en lo referido al incumplimiento de la legalidad de la Unión Europea. Este mes hemos tenido dos ejemplos.

El primero, que la Comisión Europea haya decidido interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por estimar que la obra de la autovía que ampliará la M-501 -que los madrileños conocemos como la carretera de los pantanos- viola las leyes europeas de protección del medio ambiente. Muchos habíamos advertido de esa situación.

Mi opinión la dejé clara en El País, que en la información sobre el tema de Ana Carbajosa, publicada el 10 de agosto, decía:

"El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que ha defendido en reiteradas ocasiones la ilegalidad de la carretera madrileña en Bruselas, destacó ayer "la rapidez y contundencia con la que ha actuado la Comisión" y consideró que lo que tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre es "parar las obras inmediatamente".

Ayer continué denunciando las actuaciones del Gobierno de Esperanza Aguirre. En esta ocasión, respecto a la Ley 3/2007, que obstaculiza la actuación de los Agentes Forestales.

En concreto, presenté una pregunta a la Comisión Europea cuyo texto es el siguiente:

"A propuesta del Gobierno autonómico, presidido por Doña Esperanza Aguirre, la Asamblea regional ha aprobado recientemente la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes y de Modernización del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid (CM), con el rechazo de la oposición parlamentaria y buena parte de la sociedad civil (incluyendo entidades como Greenpeace, Adena/WWF, Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife y FAT) y la opinión pública. Una de las principales razones para tal rechazo estriba en que la citada norma impide que los Agentes Forestales de la CM puedan ejercer plenamente las funciones de policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la legalidad en lo referido a montes y terrenos forestales, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas y aguas continentales que les atribuye la Ley autonómica 1/2002. Ello es así porque la Ley 3/2007 exige que, para que puedan entrar en un monte privado, necesiten en todos los casos –excepto para la extinción de un fuego declarado- autorización judicial. De esta forma, sus funciones de prevención y control quedan en la práctica anuladas o seriamente obstaculizadas en el 70 % de la CM. Muchos de los espacios naturales protegidos por la legislación de la Unión Europea en la CM se sitúan precisamente en ese 70 %. De manera que la Ley 3/2007 afecta negativa y directamente a la conservación de los mismos, con implicaciones que, llegado el caso, pueden acarrear su destrucción o degradación sin que los Agentes Forestales puedan impedirlo, especialmente respecto a las labores de vigilancia y prevención de los incendios forestales. Por todo ello, este Diputado comparte plenamente el rechazo a la Ley 3/2007 manifestado por los sindicatos de Agentes Forestales y considera que el despropósito que representa la misma atenta directamente contra los intereses y objetivos de la UE en el ámbito de los espacios protegidos y la conservación de la fauna, la flora y sus hábitats naturales, de acuerdo con la legalidad comunitaria, por lo que considera que la Comisión Europea debe intervenir de inmediato para poner de manifiesto que, teniendo en cuenta la primacía del derecho comunitario, tal norma entra en clara contradicción con el mismo, obstaculizando su aplicación y provocando, por consiguiente, su posible incumplimiento.

¿Conoce la Comisión Europea la Ley 3/2007 y los hechos señalados? ¿Piensa la Comisión Europea recabar todo la información pertinente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, abriendo el oportuno expediente informativo? ¿Actuará la Comisión Europea con la celeridad y contundencia que requiere el caso para que la norma referida no ponga en peligro la adecuada conservación de los espacios naturales protegidos al amparo de la legalidad de la UE en la Comunidad de Madrid?".

Hoy El País se hace eco de mi iniciativa señalando en la información de Soledad Alcaide:

"También ayer se le abrió otro frente a esta polémica ley. El eurodiputado socialista Carlos Carnero reclamó la intervención de la Comisión Europea para que se retire la norma, porque, dijo, "el despropósito que representa atenta directamente contra los intereses y objetivos de la Unión Europea en el ámbito de los espacios protegidos y la conservación de la fauna, la flora y sus hábitat naturales, de acuerdo con la legalidad comunitaria".