Soterramiento de la M30: 1000 millones de euros más de deuda para Madrid
La consultora británica Currie & Brown acaba de presentar un informe sobre las obras de soterramiento de la M30 en Madrid, en el que anuncian que las obras costarán 1.000 millones de euros más de lo presupuestado. Nuestro alcalde nos regala a los madrileños otros 1.000 millones más de deuda a pagar durante unas cuantas generaciones, además de los daños al medioambiente y a la salud de los vecinos.
Esta mañana he presentado una pregunta escrita a la Comisión a este respecto(la quinta pregunta que presento relacionada con la M30) y reclamando una vez más que hagan público el dictamen sobre las obras.
Esta es la pregunta:
Pregunta Escrita a la Comisión Europea
Coste final de las obras de soterramiento de la M-30
Un Informe de la Consultora británica Currie&Brown estima que las obras de soterrramiento de la M-30 que están siendo llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid costarán finalmente 3.500 millones de euros, es decir, 1.000 millones más del precio por el que fueron adjudicadas por el consistorio hace dos años.
Dichas obras han sido motivo de una Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea señalando que vulneran las directivas comunitarias, especialmente en lo referido a la Evaluación de Impacto Ambiental (en el marco del expediente informativo abierto a partir de las preguntas presentadas en su día por este diputado), algo que también ha subrayado en su Informe la Delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó Madrid en junio pasado. Sobre esa base, la Comisión Europea comunicó al BEI que no podía darse vía libre al crédito concedido por ese organismo a la empresa Madrid-Calle 30.
¿No considera la Comisión Europea que el Informe de Currie&Brown pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Madrid se comporta en esta obra de manera irresponsable, va contra los criterios de equilibrio presupuestario que deberían inspirar la actuación de las administraciones públicas en la zona euro y vulnera los principios de buena gobernanza por los que abogan las instituciones comunitarias? ¿No cree la Comisión Europea que este es un motivo más para hacer público de manera urgente su Dictamen motivado respecto a la M-30 con el objetivo de salvaguardar los derechos de los ciudadanos madrileños, vulnerados diariamente por el Ayuntamiento de la capital que, a pesar de todo, continúa con las obras haciendo caso omiso de lo afirmado por las instituciones comunitarias? ¿Añadirá, pues, este dato, al expediente informativo y se interesará por el mismo?
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