Más explicaciones sobre la Directiva de Retorno: la postura del PSOE

Seguimos con la Direciva de Retorno aprobada ayer por el Parlamento Europeo con el voto a favor del PSOE.

Creo imprescindible continuar explicando con argumentos el sentido de ese apoyo. Por eso reproduzco a continuación el argumentario de la Delegación Socialista Española en la Eurocámara sobre la misma, que contiene pormenorizadamente lo que en diversas declaraciones públicas está explicando el responsable para esta Directiva y, en general, para migraciones de los eurodiputados socialistas españoles, Javier Moreno:

El Gobierno de España siempre ha estado a favor de una política común en materia de inmigración en la Unión Europea, con el fin de ser eficaces, para lo que es necesario hacer funcionar los mecanismos de solidaridad y co-responsabilidad entre los Estados miembros, en aspectos tales como control de fronteras, cooperación con terceros Estados y prevención/lucha contra la inmigración irregular, evitando diferencias legislativas y esfuerzos dispersos que supongan ventajas a las mafias que se dedican al tráfico de seres humanos e inmigración ilegal. El Gobierno de España durante la pasada legislatura ha sido el principal impulsor de una política común en esta materia y promotor del enfoque global de la UE en materia de inmigración. En consecuencia, somos partidarios de seguir avanzando a través de este tipo de instrumentos en una política común de inmigración.

Actualmente existen 27 procedimientos nacionales en materia de retorno de inmigrantes clandestinos, lo que significa que cada Estado regula a su manera las condiciones en las que se detiene, retiene y expulsa a los clandestinos que se encuentran en su territorio. Incluso ahora en 9 países de la UE no se establecen tiempos de retención máximos (Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia).

España tiene establecido un tiempo máximo de 40 días. El período de detención lo fijará la Ley nacional al trasponer la directiva, pero se establece un tope máximo de 6 meses, prorrogable otros 12 en determinados casos. En España este período lo decidirá el Congreso. A nivel UE se prohíbe, por tanto, la posibilidad de detención por tiempo ilimitado que había en 9 Estados miembros del norte de Europa.

Del mismo modo, existen notables diferencias respecto a las garantías de las que disponen los inmigrantes frente a este tipo de procedimientos. En este sentido, somos partidarios de que el procedimiento aplicable sea garantista, que esté supervisado judicialmente, y para ello los Estados miembros deben aproximar sus legislaciones con el fin de evitar que las mafias se beneficien de las diferencias para seguir traficando con seres humanos.

El Proyecto de Directiva de Retorno proviene del año 2005, durante todo este tiempo se han sucedido innumerables negociaciones con el fin de aproximar las posiciones de los Estados miembros. Por lo tanto, el contenido de la Directiva y sus objetivos no responden a la coyuntura política de los diferentes Estados, sino que se enmarca dentro de la línea seguida por la UE de diseñar una política migratoria común.

Esta Directiva es una de las medidas destinadas a reforzar la lucha contra la inmigración clandestina tras la adopción por el Consejo europeo del enfoque global para la inmigración que combina medidas para fomentar la inmigración legal y la cooperación en materia de la inmigración clandestina.

La Directiva establece unos parámetros comunes, transparentes y equilibrados que tengan plenamente en cuenta el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas concernidas. Con esta Directiva millones de inmigrantes en muchos países de la UE tendrán más garantías y certezas cuando se les apliquen procedimientos de retorno. A los países que ya aplican esas garantías, como es el caso de España, la Directiva no nos obliga a que las mismas se rebajen.

La Directiva aporta un valor añadido a la política de inmigración de la Unión Europea, y es que los Estados miembros deberán incorporar a sus legislaciones nacionales unas garantías mínimas y unos límites máximos en los procedimientos nacionales para el retorno.

En cuanto a los menores: entendemos que lo esencial es respetar como principio fundamental el interés superior del menor a la hora de aplicar cualquier procedimiento de retorno. En este sentido, cabe perfilar algunos aspectos de la Directiva para que las misma recoja este principio, así como los Derechos que la legislación internacional y Europea concede a los menores.

La Directiva introduce garantías específicas para la acogida de las familias (acomodación adecuada y con posibilidad para los menores de acceso a la educación y actividades recreativas). Para los menores no acompañados, la Directiva prevé que la acogida debe ser en instituciones con personal y condiciones adecuadas.

La legislación nacional española es una de las más avanzadas. Los menores no acompañados son tutelados por las CCAA, ingresan en centros de acogida para menores y tienen todos los derechos y garantías que corresponden a su edad (educación, formación, etc).

Ahora era el turno del Parlamento Europeo, que tiene poder co-legislador. Los socialistas españoles apoyamos la directiva, porque es un gran paso en la política común de inmigración y en el marco de nuestra responsabilidad, trataremos de acercar la directiva a la legislación española para conceder aún más garantías a los inmigrantes en el territorio de la Unión Europea.

Los socialistas europeos hemos presentado enmiendas para favorecer el retorno voluntario, otorgar mayores garantías a los menores, limitar a 6 meses el tiempo máximo de internamiento y proveer la revisión judicial en el plazo de 72 horas de las decisiones administrativas de internamiento.