Defendiendo los valores y los derechos europeos

Creo firmemente que la defensa de los valores que informan la construcción europea y los derechos que figuran en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE debe llevarse a cabo diariamente y en cualquier circunstancia. El próximo 1 de enero esa Carta -que fue incluida en el proyecto de Constitución que elaboramos en la Convención Europea y, a partir de ahí, está contemplada en el nuevo Tratado de la UE- será con toda probabilidad jurídicamente vinculante. Por ello he presentado una pregunta parlamentaria teniendo en cuenta los acontecimientos vividos en Italia en los últimos días, a la que hace refeencia hoy en El País Andréu Missé en su crónica desde Bruselas, que reproduzco a continuación:

"20.000 'sin papeles' en centros de la UE
Los inmigrantes permanecen detenidos en condiciones a veces peores que en las cárceles
ANDREU MISSÉ - Bruselas - 18/05/2008
Unos 20.000 inmigrantes permanecen detenidos durante largos periodos y en condiciones a veces peores que en las cárceles, sólo por carecer de papeles. Un minucioso estudio encargado por el Parlamento Europeo califica de "patógenas" las situaciones que padecen los detenidos, especialmente las personas vulnerables como ancianos, menores y embarazadas. Los autores han puesto al descubierto las duras condiciones existentes en 132 centros visitados (sobre un total de 174) en la UE en 2007. Un informe de la Eurocámara sugiere reducir el tiempo de detención
En Chipre y Estonia hay casos de 'sin papeles' retenidos durante tres años
Las condiciones de higiene en algunos centros de España son "inaceptables"
Los Veintisiete reanudarán el miércoles el debate sobre la Directiva
El informe recomienda especialmente reducir el tiempo máximo de detención en casi todos los países, incluso en casos como Bélgica (cinco meses) y Hungría (seis meses). La Directiva de Retorno que esta semana se volverá a debatir propone 18 meses de periodo máximo. El mismo que Alemania. Nueve países no tienen límite (Reino Unido, Holanda, Polonia, Finlandia, Chipre, Dinamarca, Lituania, Estonia y Suecia).
Los efectos sobre la salud de los largos periodos de detención es uno de los aspectos más críticos del estudio. "Las situaciones de encierro prolongadas", señalan los responsables de los centros, "eran difícilmente soportables y constituían situaciones patógenas acentuadas por las condiciones de los lugares, impropios para largas estancias, la incomprensión de los procedimientos y la incertidumbre sobre la duración del encierro".
Los investigadores han encontrado detenidos durante más de tres años en Chipre y Estonia. Sara Prestianni, politóloga y coordinadora de Migreurope, afirma que en Italia, que tiene un límite de 60 días, "hay personas que han sido detenidas siete u ocho veces seguidas". "Cuando salen tienen un gran riesgo de volver a ser detenidos y esto conduce a situaciones patógenas". En ciertos países, los inmigrantes "pueden ser detenidos y colocados de nuevo en un centro de retención, como Luxemburgo, Bélgica y Francia", sostiene el estudio.
Sophie Baylac, jurista, que ha investigado la situación en Hungría, Polonia y República Checa, y es coordinadora de La Cimade, dedicada a la atención de inmigrantes, considera "desmesurado el límite de detención de 18 meses porque el trámite de los expedientes es un asunto que en Francia se resuelve en 15 días".
Las condiciones de higiene son muy variables. "Desde globalmente correctas", señalan los autores, "han sido consideradas como inaceptables; es decir, inhumanas y degradantes en ciertos países visitados, por ejemplo, Chipre, Malta, España, Italia y Grecia".
Para Olivier Clochard, geógrafo, responsable de la cartografía del trabajo, estima "difícil precisar el número de detenidos en la UE por la falta de registros". Pero las cifras de 20.000 o 25.000 detenidos que se desprenden del trabajo, "deben considerarse como mínimo".
Los investigadores han tenido en cuenta los informes de las misiones de europarlamentarios a los centros más polémicos. La primera iniciativa fue llevada a cabo por el Grupo de Izquierda Unitaria Europea en la isla de Lampedusa (Italia) en 2005, organizada por el eurodiputado Giusto Catania. Después, la Comisión de Libertades de la Eurocámara ha enviado misiones a Ceuta, Melilla, París, Malta, Canarias, Grecia y Bélgica.
Catania, que ha visitado varios centros, afirma que "en algunos la gente vive peor que en las cárceles, sin régimen de visitas y sin los derechos de los prisioneros". Considera especialmente dramática la imposibilidad de identificación de los detenidos.
Los autores de la investigación muestran especial preocupación por la presencia de menores acompañados en los centros de detención cerrados en la gran mayoría de Estados. Esta situación "es juzgada particularmente preocupante en Grecia y Chipre".
Kris Pollep, de Amnistía Internacional, expresa su inquietud porque "las mejoras de las condiciones de vida de los centros en la propuesta de la Directiva son muy ambiguas". La Asociación Europea para la Defensa de los Derechos del Hombre ha hecho un llamamiento, junto a otras ONG, a los parlamentarios para que no aprueben la Directiva de Retorno.
El debate sobre la Directiva se reanudará el miércoles por parte de los representantes de los Veintisiete. El 7 de mayo no se logró un acuerdo por la oposición de 10 países que pidieron más rigor al proyecto, que eleva el límite de detención a 18 meses, permite la detención por decisión administrativa, sólo asegura el control judicial "lo antes posible" y prevé la detención de menores no acompañados en centros especiales.
Las agresiones a rumanos y gitanos en Italia y las declaraciones de su primer ministro, Silvio Berlusconi, despiertan temor en la UE. Unos 20 diputados liberales, entre los que figuran Ignasi Guardans y Josu Ortuondo, han expresado su preocupación al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, por las declaraciones de Franco Frattini, ex comisario de Justicia y hoy ministro de Exteriores italiano, por considerar que son una seria violación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
El eurodiputado socialista Carlos Carnero ha dirigido una pregunta a la Comisión para que explique "qué medidas piensa adoptar para asegurar los derechos de los ciudadanos rumanos o de etnia gitana".