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miércoles, 7 de septiembre de 2011

El federalismo europeo, de nuevo en marcha.


El Consejo para el Futuro de Europa, del que forma parte, entre otros, Felipe González, ha hecho una importante declaración que comparto plenamente. El federalismo europeo, de nuevo en marcha. Menos mal.

martes, 6 de mayo de 2008

Más transparencia, más democracia.

A continuación os reproduzco el excelente articulo de Andréu Missé en el País sobre el desarrollo del marco para las actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas y mi intervención en le pleno. Como ponente en la sombra del Grupo Socialista creo que este informe representa un paso importante en la construcción de una Europa más transparente y, por tanto, más democrática.

Que se sepa quién mueve los hilos

La UE pone coto a los 'lobbies' con un registro y más transparencia - Cada proyecto recogerá la huella legislativa: quién participó en su diseño

El País
ANDREU MISSÉ 06/05/2008

Los lobbies son y serán parte del paisaje del poder de Bruselas. Pero su actuación deberá estar sometida a luz y taquígrafos si triunfa la propuesta que el Parlamento Europeo vota esta semana. "Creo que la democracia está seriamente amenazada por la acción de los lobbies. Muchas de las normas que aprobamos en el Parlamento Europeo han sido precocinadas o redactadas previamente en un despacho de abogados por encargo de alguna gran empresa o grupo de presión". Con esta crudeza expone la realidad del proceso legislativo David Hammerstein, eurodiputado español del Grupo de Los Verdes, especialmente preocupado por la poderosa influencia de los grupos de intereses. Nacido en Los Ángeles, y sociólogo de profesión, advierte: "No estoy en contra de los lobbies o de los profesionales que defienden determinados intereses". "Pero lo que queremos", precisa "es transparencia y que la opinión pública conozca el papel de los lobbies y cómo actúan en todas las instituciones de la Unión".

Con el propósito de lograr esta anhelada transparencia en la producción de directivas y reglamentos, la Eurocámara debatirá y aprobará esta semana en su sesión plenaria un informe decisivo para establecer el marco de actuación de los lobbystas en todas las instituciones comunitarias. El 8 de mayo llegará la hora de la verdad para medir la fuerza real de los elegidos democráticamente.

La transparencia se ha convertido en la pócima mágica para curar todas las deficiencias del actual proceso legislativo. Un proceso en el que, junto a los 785 eurodiputados, participan con trepidante intensidad y recursos ilimitados unos 3.000 lobbystas permanentes y otros 2.000 temporales que, con su acreditación oficial correspondiente, deambulan, aconsejan, sugieren y presionan por los pasillos, despachos, salas de reuniones y debates del Parlamento Europeo.
El combate entre legisladores y los grupos de intereses es aún más desigual si se tiene en cuenta que en Bruselas operan unos 15.000 lobbystas y 2.500 organizaciones, según el propio informe parlamentario. Daniel Guéguen, reconocido especialista en asuntos públicos europeos y autor de European Lobbying, eleva a 100.000 el número de lobbystas que con frecuencia trabajan a tiempo parcial. En su opinión, se trata de una cifra no exagerada, ya que sólo corresponden 4.000 por cada Estado miembro. Las batallas más duras de las multinacionales para defender su territorio se libran en los parlamentos y la mayoría pasan inadvertidas. En su libro Les lobbies à l'assaut de l'Europe, Bernard Lecherbonnier señala el peso dominante de los lobbies en la presentación de iniciativas legales. Así, cita un trabajo de Christian Lequesne que sostiene que, en 1996, sólo el 3% de las 507 propuestas legislativas de la Comisión correspondían a iniciativas espontáneas de sus servicios.

Uno de los objetivos que puede resultar más útil del informe es la recomendación de incluir la llamada "huella legislativa", para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo. "El ponente", señala el documento, "puede, si lo considera adecuado (con carácter voluntario), emplear la huella legislativa; por ejemplo, incluir una lista (adjunta a los informes del Parlamento) de los representantes de intereses que fueron consultados y tuvieron una significativa aportación durante la preparación del informe". Y considera "especialmente aconsejable que tal lista sea incluida en los informes legislativos". Añade que "aún es más importante que la Comisión adjunte esta huella legislativa en sus iniciativas legislativas".
El informe apoya también la propuesta de la Comisión de crear "un servicio único de registro" de lobbystas para la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y demás instituciones comunitarias. Este registro "incluiría una completa revelación de los recursos financieros empleados por los lobbies, un mecanismo común de expulsión del registro y un código de conducta". Esta regulación colocaría a la UE como una de las instituciones más avanzadas en la regulación de los grupos de intereses. Actualmente, además del Parlamento Europeo, sólo el Congreso de Estados Unidos, Canadá y Alemania tienen regulaciones sobre los representantes de intereses.

Alexander Stubb, diputado conservador finlandés, ponente inicial del informe, tiene "una visión muy positiva de los lobbies". Stubb, que tuvo que dejar recientemente su escaño en el Parlamento Europeo para hacerse cargo de la cartera de Asuntos Exteriores de su país, considera que "es importante que la gente, las compañías y las organizaciones presionen, pero estima más importante aún que cada diputado saque sus propias conclusiones".

En una conversación con EL PAÍS antes de dejar el Parlamento, Stubb justifica la elevada concentración de lobbystas en la capital belga "porque hay mucho poder en Bruselas". "Los lobbies han comprendido", dice, "que la mayor parte de la legislación, especialmente en cuestiones de medio ambiente y economía, se hace en Bruselas". "Si tú eres una compañía como Telefónica", añade, "y no tienes un lobbysta en Bruselas, no estás haciendo correctamente tu trabajo como buen empresario".

La realidad es que todas las grandes compañías, especialmente en el sector químico, las telecomunicaciones o el influyente grupo agrícola, elaboran una redacción muy detallada y muy bien documentada de las directivas que van a salir y que luego hacen llegar oportunamente a sus grupos políticos más afines. Hoy día no hay ningún sector económico, incluido el de los medios de comunicación, que no dé a conocer sus intereses a los diputados para que sean tenidos en cuenta en Bruselas.

El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento asegura que "el 75% de las medidas de política económica y social que afectan a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas".

Pero para Stubb lo importante es que se conozcan las actividades de los lobbies, y que "exista total transparencia sobre su actuación". Y, en relación con la "huella legislativa", predica con el ejemplo. Al final de su informe ha incluido la lista de las 15 organizaciones, instituciones o empresas que han sido consultadas, entre las que figuran nada menos que Business Europe (la patronal europea); el Consejo Europeo de la Industria Química, el Consejo de Abogados y Sociedades Legales de Europa, UK LawSociety; las cámaras de Comercio Americana y de Francia; Toyota Motor Europe, Exxon Mobile, ALTER-EU (Alianza para la Transparencia y Regulación Ética y la Comisión Europea).

No deja de sorprender la participación de dos gigantes de la automoción y del petróleo en la regulación de una normativa que no afecta directamente a sus intereses. "¿Qué ocurrirá cuando se trata de regular una actividad concreta como puede ser la producción química o las emisiones de CO2?".

Carlos Carnero, eurodiputado socialista y ponente en la sombra del informe, recuerda que cuando se celebraron las sesiones abiertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, "la sala estaba abarrotada de lobbystas". Su intensa participación en las instituciones parlamentarias fue puesta de relieve la semana pasada por el portavoz de la Comisión Europea Mark Gray al comentar la nueva regulación para el acceso a los documentos públicos de la Unión Europea. El año pasado, la Comisión registró más de 4.000 solicitudes. "Se trata, sobre todo", precisó Gray, "de facilitar el acceso de los documentos a todos los ciudadanos, y no de que sólo vengan los lobbystas".

Carnero concede especial relevancia a la enmienda incluida en el informe que "subraya que se podrán aplicar sanciones a los lobbystas que violen el código de conducta". Para ello deberá disponerse "de recursos suficientes (personal y financiación) con el objetivo de verificar la información del registro". Las sanciones pueden incluir la expulsión del registro y la posibilidad.
"Todos los actores representantes tanto de los intereses públicos como privados fuera de las instituciones de la UE entran dentro de la definición de lobbystas", según el informe, y son tratados de "la misma manera". La lista incluye a "los lobbystas profesionales, compañías de lobby; ONG, think tanks, asociaciones de comerciantes, sindicatos, patronales, asociaciones con afán de lucro y sin afán de lucro, y abogados que no actúan en la defensa de un caso legal concreto". Un aspecto que seguramente será polémico en el plenario.

Carnero señala "la necesidad de distinguir entre los profesionales que defienden intereses privados de las organizaciones como sindicatos y ONG que persiguen la defensa de intereses generales".

Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Antifraude, celebra que el informe del Parlamento haya recogido su iniciativa de un registro común de los lobbystas para todas las instituciones comunitarias. En su reciente intervención en la American European Community Association definió esta actividad como "una profesión honorable que no tiene nada que ocultar". Y manifestó su satisfacción por el hecho de que los diputados habían recogido sus propuestas sobre la definición de las actividades de los lobbies, el código de conducta, sanciones y revelación de los recursos financieros.

A diferencia del sistema más exhaustivo de Estados Unidos, Kallas considera que es suficiente el registro de las empresas y los intereses representados, sin que sea necesario incluir los nombres individuales. Un aspecto que había despertado notables expectativas, ya que el registro de nombres hubiera permitido determinar posibles conflictos de intereses. El comisario fue rotundo al señalar que para asegurar la independencia e imparcialidad de los funcionarios existen normas obligatorias mucho más claras. "He decidido", precisó, "paralizar la actual posibilidad de aceptar como personal de la Comisión a expertos de compañías privadas. Mi convicción es que cuando la Comisión precisa tales expertos, debe pagarlos". Una advertencia que muchos daban por supuesta.

Kallas, que desde 2005 promueve la Iniciativa Europea por la Transparencia, aseguró que la propuesta de la Comisión de presentar un registro de representantes de intereses y código de conducta durante la primavera de 2008 se cumplirá. "Lo haremos antes de que la primavera se convierta en verano", indicó. Le queda un mes y medio.

Sobre la obligación de revelación de los recursos financieros, el Comité de Control Presupuestario estima que las firmas legales y lobbies que actúan en las instituciones comunitarias deben declarar "la facturación vinculada a la actividad de lobby, así como el peso relativo de sus clientes y su volumen de negocio". Para las ONG y think tanks, el conjunto de su presupuesto y análisis de sus principales fuentes de financiación (subvenciones públicas, donaciones y cuotas de sus miembros).

Manual del buen ¿lobbysta?
1. Anticipación. Actuar antes de que la Comisión Europea, a quien corresponde legislar, haya tomado ninguna decisión. Conviene estar al corriente de los documentos previos y reglamentos.

2. Sugerencias. Mejor aún que la anticipación es sugerir a los responsables de un área la conveniencia de regular determinadas actividades. Es importante participar en los grupos de trabajo previos.

3. Conocimiento. Dominar el proceso legislativo y el papel de cada institución. Hay que tener una estrategia para cada una.

4. No despreciar al Parlamento. Cada vez tiene más influencia. La Eurocámara dio como una vuelta al calcetín a las directivas de servicios y REACH (seguridad y registro de productos químicos). Con el nuevo Tratado de Lisboa, aún tendrá más peso.

5. Contactar con las personas adecuadas. Es un error pretender acceder a los comisarios o a los directores generales. Muchas veces no conocen los asuntos al detalle. Hay que trabajar con las personas que llevan los temas.

6. Precisión y claridad. Huir de informes difíciles de leer o interpretar. Lo mejor es que todo se explique en una hoja con las ideas claras y bien desarrolladas.

7. Transparencia. El lobbysta tiene que decir claramente qué intereses representa, para qué empresa trabaja o grupo de presión y explicitar lo que pretende con claridad.

8. Argumentar científicamente. Hay que defender las posiciones con argumentos científicos y explicaciones razonadas. Los funcionarios actúan con criterios profesionales.

9. No mentir nunca. No deben darse informaciones distintas a diferentes niveles. Se deben poder defender en cualquier lugar.

10. Tener en cuenta a todos los grupos políticos. No despreciar a los grupos pequeños. Pueden ser determinantes para cambiar una votación.Éstos son los criterios que emplean algunos lobbystas consultados en sus actividades profesionales en Bruselas.

miércoles, 20 de febrero de 2008

Intervención en el informe sobre la Estrategia de la UE para facilitar a las empresas europeas el acceso a los mercados

A continuación os reproduzco el vídeo de mi intervención durante el debate en el Pleno del PE (Estrasburgo, 18 de febrero) del Informe de la Comisión de Comercio Exterior (ponente: Ignasi Guardans) sobre la Estrategia de la UE para facilitar a las empresas europeas el acceso a los mercados. Finalmente, el Grupo Socialista consiguió introducir algunas de sus enmiendas.


martes, 19 de febrero de 2008

"La Turquie dans l'Union européenne ? C'est toujours oui!": mi artículo hoy en Le Monde

Espero que os guste el artículo que hoy publico en Le Monde junto a mis compañeros de grupo Khader Arif, Pasqualina Napoletano y Jan Marinus Wiersma , cuyo texto reproduzco a continuación:

Point de vue
La Turquie dans l'Union européenne ? C'est toujours oui !
LE MONDE 18.02.08

Loin de la rhétorique simpliste de l'opinion parue dans Le Monde du 29 janvier et du caractère fallacieux de l'argumentation développée par le groupe de parlementaires UMP-PPE qui en est l'auteur, il nous a semblé important de rappeler la réalité du processus de négociation en cours avec la Turquie.

Rappelons tout d'abord que la Turquie est le pays dont la candidature est la plus ancienne : dès 1963, elle signait un accord d'association qui prévoyait, à terme, son éventuelle adhésion ; en 1999, le statut officiel de candidat lui était attribué, c'est-à-dire qu'elle était reconnue comme ayant vocation à intégrer l'UE et que son caractère européen ne faisait pas débat. C'est finalement en 2005, après plus de quarante ans d'un long processus de rapprochement, que les pourparlers d'adhésion se sont officiellement ouverts.

A la lecture de cet article, nous avons été frappés par la déconnexion entre cette réalité d'une négociation longue, difficile et exigeante, et la succession d'arguments volontairement trompeurs, où l'on devine le dessein de M. Lamassoure et de ses collègues de jouer avec les peurs et de réveiller les fantasmes autour de la candidature turque. Ce n'est là que l'expression de l'irrationnel et du subjectif qui caractérise leur relation à cette nation. Ainsi, instrumentaliser l'imaginaire lié à des pays comme l'Irak ou la Syrie pour créer volontairement de l'inquiétude sur les futures frontières de l'Europe est un exemple de ce procédé pernicieux.

On ne peut sérieusement aborder la question turque sans mener une réflexion globale sur la nature du projet européen. Dans un monde en mutation permanente, qui peut encore croire en une Europe figée à jamais par des "critères géographiques", entendons ethniques, culturels ou même cultuels ? Critères géographiques par ailleurs fortement discutables, et qui n'ont rien d'évident, contrairement à ce que laissent entendre ces députés. La seule conception dynamique valable est celle d'une Europe des valeurs, valeurs politiques et démocratiques, qui ont toujours guidé la construction d'une Europe forte et solidaire.

L'évocation du coût de l'entrée de la Turquie pour le budget actuel de l'Union est par ailleurs révélatrice de la vision étriquée dans laquelle s'enferment ces parlementaires conservateurs. N'ont-ils pas davantage d'ambitions pour l'Europe ? Il est irresponsable de laisser croire qu'une entrée présentée comme immédiate de la Turquie déstabiliserait notre budget et menacerait la construction d'une Europe politique. D'une part, cette adhésion n'est à envisager qu'à moyen ou long terme et, d'autre part, nous voulons croire qu'à cet horizon nous aurons su nous doter d'un authentique budget capable de porter un projet politique courageux s'inscrivant dans la durée. Sans cela, Turquie ou non dans l'Union, l'Europe politique attendue depuis un demi-siècle ne restera qu'un voeu pieu.

Parce que ce processus sera long, évaluer l'adhésion turque à l'aune du contexte politique actuel n'a aucun sens. C'est pourquoi présenter les questions arménienne et chypriote, ainsi que celles de la liberté d'expression, de presse ou d'association comme des obstacles indépassables, revient non seulement à occulter les progrès décisifs réalisés depuis le début des négociations, mais aussi à nier la capacité de l'UE à accompagner la Turquie dans ces réformes que nous exigeons par ailleurs. C'est précisément l'espoir d'adhésion qui permet de porter nos exigences, celles d'avancées démocratiques, de progression de l'histoire d'un peuple vers l'intégration politique dans un continent en paix. Seule l'adhésion est porteuse d'espérance, parce qu'on ne peut construire un avenir individuel ni un avenir collectif sur la base de la suspicion. Et puis, qu'ils se rassurent ! Car si cela leur a échappé, il n'a jamais été question d'une Turquie dans de l'Union sans finalisation rigoureuse de ces indispensables réformes démocratiques.

Il n'est donc somme toute pas surprenant que ces parlementaires terminent leur article par un appel à l'Union de la Méditerranée comme moyen d'imposer à la Turquie une alternative à l'adhésion. C'était donc cela, ce fameux "partenariat privilégié" proposé à la Turquie par la droite française.

Est-il nécessaire de rappeler les démentis répétés de Nicolas Sarkozy qui, suite aux critiques virulentes de partenaires européens et méditerranéens dénonçant un projet conçu comme un alibi antiturc, soutenait n'avoir d'autre dessein que l'objectif bien louable de relancer la coopération euroméditerranéenne. Qui faut-il donc croire ? M. Sarkozy, les parlementaires de sa majorité, ou bien ses ministres, ambassadeurs et représentants au Parlement européen chargés de promouvoir cette initiative... ?

Face à ces contradictions permanentes, à ces messages changeants selon les interlocuteurs, la crédibilité même du projet tel qu'il sera porté par la future présidence française de l'Union risque d'en pâtir. La présidence française doit être exemplaire et modeste, nous attendons d'elle qu'elle respecte la parole donnée et les engagements pris tant envers la Turquie qu'envers ses partenaires européens. Le sérieux doit prendre le pas sur la cacophonie qui émane de ce qui est aujourd'hui perçu comme un cavalier seul français.

Enfin, se défausser de toute responsabilité par le biais d'un référendum "spécial Turquie" en jouant les peuples les uns contre les autres sur la base de propos qui attisent les peurs, ne fait pas honneur à leur rôle d'élu et révèle une conception de la politique qui n'est pas la nôtre.
Nous appelons donc à faire preuve de cohérence et de responsabilité en offrant aux Français le débat digne, argumenté et contradictoire qu'ils sont en droit d'attendre sur une question aussi essentielle et stratégique que celle de l'entrée de la Turquie dans l'UE.


Kader Arif, député européen (PSE France) ;
Carlos Carnero, député européen (PSE Espagne) ;
Pasqualina Napoletano, députée européenne (PSE Italie) ;
Jan Marinus Wiersma, député européen (PSE Pays-Bas).

lunes, 17 de diciembre de 2007

Diez pasos hacia delante

A continuación os reproduzco el artículo del pasado 14 de diciembre del diario El País. Una buena guía para entender el Tratado de Reforma de Lisboa.


El futuro de la UE
Las 10 innovaciones clave
El nuevo texto facilita la toma de decisiones y potencia la representación exterior
A. M. - Bruselas - 14/12/2007


El Tratado de Lisboa supone un gran salto adelante en la construcción europea, pero también plantea serias incertidumbres. Será el tratado número 18 de la Unión Europea, es decir, uno más que modifica los anteriores pero no los deroga. Ésta es la gran diferencia con la Constitución, que pretendía ser un compendio de todos los tratados anteriores y así simplificar el derecho fundamental de la Unión.

Lo mejor del acuerdo es, sin duda, que pone fin a más de dos años de introspección y crisis
Una de las incertidumbres más serias que plantea el nuevo tratado es el reparto de poderes entre el presidente del Consejo Europeo, el alto representante y el presidente de la Comisión. Existen muchas dudas sobre la presidencia de la Unión. Un informe elaborado por EPC, Egmont y CEPS advierte de los riesgos de la división de la presidencia en cinco niveles diferentes:
1. El presidente del Consejo Europeo.
2. El grupo de tres Estados miembros que forman el equipo presidencial durante 18 meses.
3. El Estado miembro que ostenta la presidencia durante seis meses.
4. El Alto Representante para la Política Exterior y presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.
5. El presidente del Eurogrupo, el club de los países del euro.
Algunas de las deficiencias se podrán corregir. El nuevo texto no recoge los símbolos de la Unión (bandera, himno, divisa y Día de Europa) como hacía la Constitución europea. El Parlamento Europeo ha presentado una propuesta, sobre la base de un informe del eurodiputado socialista Carlos Carnero, para que estos símbolos sean oficiales en la Eurocámara.
Las innovaciones más importantes son las siguientes:
- Presidente del Consejo Europeo. El Consejo Europeo -la reunión trimestral de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE- tendrá una presidencia estable de dos años y medio, en lugar de las presidencias rotatorias semestrales. Para el eurodiputado popular Íñigo Méndez de Vigo, el presidente tendría que ser "una autoridad moral". Para el parlamentario socialista Enrique Barón, "la presidencia debería ser más parecida a la de Italia que a la de Francia".
- Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común. La figura del Alto Representante sale fortalecida. Tendrá una triple palanca para actuar: representante del Consejo en las relaciones exteriores, vicepresidente de la Comisión Europea y presidente del Consejo de Asuntos Exteriores. La UE unificará todos sus servicios exteriores, ahora repartidos entre la Comisión y el Consejo.
- La Comisión Europea. Para dotarla de más eficacia, el tratado reduce sus miembros a dos tercios del número de Estados. La selección se hará por rotación y en pie de igualdad a partir de 2014. El presidente de la Comisión, no obstante, "tendrá sus poderes acrecentados", según sostiene el jurisconsulto del Consejo, Jean-Claude Piris, en El Tratado Constitucional para Europa. Un análisis jurídico, un estudio de referencia sobre el nuevo tratado.
- El Parlamento Europeo. "Los poderes del Parlamento son reforzados en materia legislativa, presupuestaria y control político, lo que constituye un verdadero avance en materia de democratización de la Unión", afirma la Fundación Robert Schuman. La codecisión entre Consejo y Parlamento se convierte en el procedimiento normal para legislar. Esto afecta a 43 áreas, especialmente en materias de Justicia e Interior.
- Los Parlamentos nacionales. Las cámaras nacionales podrán recurrir una norma que consideren innecesaria. Disponen de ocho semanas para expresar su disconformidad con los proyectos legislativos de la Comisión. Si un tercio de Parlamentos nacionales expresa interés, la Comisión tiene que justificar su proyecto o modificarlo.
- Sistema de voto más claro. El tratado facilita la toma de acuerdos de una manera más justa y transparente. Con el sistema de la "doble mayoría", para aprobar una medida hará falta contar con el apoyo del 55% de los Estados, y que representen al menos el 65% de la población. Una minoría de bloqueo estará constituida al menos por cuatro Estados miembros. Los líderes polacos exigieron que el acuerdo no entrase en vigor hasta 2014 o 2017.
- Extensión de la mayoría cualificada a 43 nuevas áreas. El tratado elimina el derecho de veto en un total de 43 materias, en las cuales los acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada en lugar de la unanimidad. Este cambio radical afecta especialmente a 22 bases jurídicas ya existentes, especialmente en materias de Justicia e Interior. También se aplicará a 21 nuevas áreas, como la energía y los servicios de interés general.
- Carta de derechos fundamentales. La Carta de Derechos Fundamentales "tendrá el mismo valor jurídico que los tratados". La carta se aplica a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros solamente cuando aplican el derecho de la Unión. La carta no puede ser empleada en contra del derecho del Reino Unido. Polonia también pidió el opting out de la carta por motivos religiosos. El nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, ha anunciado que la podría ratificar en el futuro.
- Justicia e Interior adoptan el sistema comunitario. Hasta ahora, los asuntos de Justicia e Interior se acodaban por unanimidad por los Gobiernos. En el futuro se aprobarán por el sistema comunitario, con intervención de la Comisión, la mayoría cualificada en el Consejo y codecisión con el Parlamento y con competencia del Tribunal de Justicia. El Reino Unido impuso que el tribunal no intervenga hasta 2014. Además, los británicos podrán seguir beneficiándose de esta derogación después de esta fecha. El Reino Unido e Irlanda se reservan el derecho a asociarse a posibles desarrollos en materia de cooperación policial y en justicia penal, control de fronteras, asilo e inmigración y aplicaciones del acuerdo de Schengen en las que participan.
- Personalidad jurídica de la Unión e iniciativa popular. La Unión estará dotada de personalidad jurídica única y podrá establecer acuerdos internacionales en las materias previstas por los tratados. El tratado reconoce a los ciudadanos el derecho a presentar una iniciativa legislativa ciudadana, cuando un millón de personas lo pidan.

miércoles, 5 de diciembre de 2007

IV Foro interparlamentario sobre el futuro de Europa

Los pasados 3 y 4 de diciembre tuvo lugar, en el Parlamento Europeo, el cuarto foro interparlamentario sobre el futuro de Europa, en el cual tuve el honor de participar. A continuación os reproduzco el link del Foro, una página que nos invita a la reflexión sobre lo que es y debe ser Europa.
http://www.futureofeurope.europarl.europa.eu/future/cms/lang/en/

lunes, 26 de noviembre de 2007

El Partido Socialista Europeo aprobará su programa para las euroelecciones del 2009 en Madrid

La semana pasada, en la reunión del Consejo del Partido Socialista Europeo (PES) en Sofía, su Presidencia - de la que formo parte- aprobó por unanimidad - la propuesta de Poul Nyrup Rassmussen de celebrar en Madrid el Consejo que aprobará el programa de las elecciones europeas de 2009. Una vez más, los socialistas españoles hacemos que España esté en el corazón de Europa, un lugar que nunca debió abandonar ( ªLa semana pasada, en la reunión en Sofía del Consejo del Partido Socialista Europeo (PES), se aprobó por mayoría la propuesta de Poul Nyrup Rassmussen, Presidente del Partido Socialista Europeo, para celebración en Madrid del Consejo del Partido Socialista Europeo en el que se aprobará el programa de las elecciones europeas de 2009. Una vez más, con Zapatero, los socialistas españoles acercamos España a Europa, un lugar que nunca debió abandonar(¿Verdad, Sr. Aznar?).

jueves, 8 de noviembre de 2007

"Nosotras y nosotros, la ciudadanía europea..."

Lo prometido es deuda; por eso os reproduzco el artículo que he publicado en el libro de la Delegación Socialista Española al que hacía referencia en la entrada de ayer. El texto se centra en el concepto de ciudadanía europea y en el proceso constituyente. Espero que os guste.

"Nosotras y nosotros, la ciudadanía europea..."

Conformando un demos soberano para una unión federal


No repetiremos bastante que la UE es lo mejor que ha hecho este continente en toda su historia. Pero la Europa que estuvo en el origen objetivo del proceso de unidad que hoy celebramos ya no existe. Vivimos en una Europa distinta y en un mundo diferente, que reclaman con urgencia culminar el proceso empezado en Roma hace 50 años.

Sin dar ese paso cualitativo y cuantitativo, no nos quedaríamos eternamente como estamos. Se equivocan quienes creen que, al fin y al cabo, todo seguiría funcionando, con ligeras adaptaciones que permitieran a la maquinaria producir decisiones. Eso podría valer, quizás, para otros tiempos más tranquilos, pero no para la época que nos ha tocado vivir. Fue un error pensar que el euro llevaría indefectiblemente a la unión política. No ha sido así y hemos corrido el riesgo de que esta última quedara aplazada sine die, con la UE de la que hoy nos enorgullecemos entrando en un período de envejecimiento, de inoperancia y de renacionalización.

Había otro camino: culminar la unión política para que esta lleve a la unión económica y social con la que hacer realidad los derechos de la ciudadanía europea. ¿Cómo? Manteniendo la sustancia de la Constitución Europea, su columna vertebral, con un acuerdo político que permitiera a quienes habían dicho sí, la habían rechazado o no se habían pronunciado formar parte del consenso.

Era complicado alcanzar ese objetivo, pero se ha conseguido en la Cumbre que en junio aprobó el mandato pormenorizado para que una Conferencia Intergubernamental (CIG) elabore un nuevo Tratado de la Unión que contendrá los principales avances de la Constitución en valores, derechos, objetivos, políticas e instituciones, añadiendo incluso nuevas referencias en otros aspectos relativos a los criterios para la adhesión, la subsidiariedad, la energía o el cambio climático.

Tras la conclusión de esa CIG, nos enfrentaremos de nuevo a un proceso de ratificación nacional a 27 que ha de terminar bien antes de las elecciones europeas de 2009, pues otro tropiezo como los sufridos por la Constitución en 2005 tendría consecuencias desastrosas.

El texto que elaboramos en la Convención, del que procede directamente el nuevo Tratado, no es de izquierdas, claro está, aunque tenga una reconocible impronta de los socialistas que participamos en aquel ejercicio. Y, sin embargo, es la izquierda europea la que se juega más en este momento. Por eso es clave que el Partido Socialista Europeo y la Confederación Europea de Sindicatos sean protagonistas en sacar el debate constitucional del marco nacional, donde está condenado a reproducir dinámicas negativas y a convertirse en solitario en una suerte de ruleta rusa.

El mandato para el nuevo Tratado se deja por el camino cosas muy importantes. Citemos algunas especialmente llamativas desde la óptica de la ciudadanía europea:

- el propio término Constitución, que todo el mundo comprende y que tiene por sí mismo una enorme fuerza política;

- el Artículo 1 de la Constitución Europea, que señalaba a los estados y a los ciudadanos -por primera vez- como fuente de legitimidad de la UE;

- la reproducción íntegra de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en el texto principal;

- los símbolos de la Unión, que quedaban por fin oficializados en el derecho primario.

Sí, es curioso, pero basta fijarse un poco para ver con claridad que algunos gobiernos se han empeñado con ahínco en que quedaran fuera del nuevo Tratado precisamente los avances más cercanos a la ciudadanía, con los que esta ganaba el estatus de sujeto de la construcción europea o con los que podía identificarse con mayor fuerza o facilidad.

Sin embargo, ha sido gracias a la ciudadanía que la UE contará con un Tratado que supondrá un gran avance en derechos, democracia y eficacia respecto al de Niza. Primero, porque sin una Convención abierta y participativa -en la que los parlamentarios y la sociedad civil rompieron el círculo vicioso de las Conferencias Intergubernamentales- no hubiera sido posible elaborar una Constitución Europea, y sin esta, el futuro Tratado sería inimaginable. Segundo, porque los referéndums con resultados negativos abrieron el melón de la crisis institucional, pero aquellos en los que triunfó el sí fueron el anclaje imprescindible para que el ejercicio constitucional no se volatilizara. A la consulta celebrada en España en febrero de 2005 se le ha tratado injustamente desde diversos sectores: precipitada, con una alta abstención...Mas hoy es incuestionable que sin ella hubiera sido imposible mantener la llama de la Constitución Europea tras lo ocurrido en Francia y Holanda meses después.

El Tratado que saldrá de la próxima Conferencia Intergubernamental no podrá ser considerado el "fin de la historia" en el proceso de construcción europea, como algunos sectores plantean abierta o implícitamente. Tiene grandes defectos e insuficiencias, como hemos visto. Por eso, el objetivo cuando entre en vigor será doble: desarrollarlo al máximo y mantener firme el horizonte de una Constitución Europea que nos permita culminar la unión política en un sentido federal y de la que no podrán faltar contenidos inherentes directamente al interés de la ciudadanía como la doble legitimidad de estados y ciudadanos; la Carta de Derechos Fundamentales, sin excepciones ni cortapisas a su interpretación y reclamación ante los Tribunales;
la aplicación 100 % de la mayoría cualificada y la codecisión; la simplificación de los actos legislativos y su denominación como leyes, para que todo el mundo las entienda; una política económica de la Unión digna de tal nombre que nos lleve a una verdadera Europa social;
un acceso mucho más amplio del ciudadano al Tribunal de Justicia de la UE; un procedimiento de reforma de las normas fundamentales de la Unión que abandone la unanimidad.

Solo alcanzaremos la meta de constitucionalizar la UE en un sentido federal con voluntad política, aplicando el método de la Convención y, lo que es más importante que cualquier otra consideración, situando a la ciudadanía europea en el centro de la toma de decisiones.

Debería estar claro a estas alturas que la ciudadanía debe ser el alfa y el omega de la construcción europea, una democracia supranacional que en eso no puede diferenciarse de nuestros estados de derecho, aunque hasta la fecha se haya venido aplicando una suerte de despotismo ilustrado que podríamos resumir en la frase "todo para la ciudadanía pero sin la ciudadanía".

Concretar esa buena intención política exige, desde mi punto de vista, cinco medidas esenciales respecto al desarrollo de la ciudadanía europea:

a- identificar constitucionalmente a la ciudadanía como fuente de legitimidad de la Unión, compartida en un primer momento con los estados que la componen, algo que, sin embargo, la configuración de una unión política federal le otorgaría en exclusiva;

b- extender del concepto de ciudadanía europea: si hoy es ciudadano de la Unión quien ostenta la nacionalidad de alguno de sus estados miembros, considero que en el futuro más cercano debe otorgársele a todos los que viven y trabajan en el territorio comunitario de forma regular y permanente siendo nacionales de un país tercero, lo que conllevaría un enorme paso en la integración de una Europa cada vez más plural;

c- reconocer y garantizar derechos efectivos: la ciudadanía se define por el ejercicio de derechos y deberes; de ahí que los cuatro actualmente explícitos (libertad de circulación y residencia en el territorio de los estados miembros, sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del estado miembro en el que residan, protección consular y formular peticiones a la Eurocámara y recurrir al Defensor del Pueblo Europeo) sean importantes pero insuficientes; por eso es clave la entrada en vigor con carácter jurídicamente vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (elaborada por cierto en la primera Convención celebrada en la Unión), que era la segunda parte de la Constitución Europea y que ahora estará referenciada en el nuevo Tratado; una Carta que deberá someterse en el futuro a su mejora de acuerdo con los valores y objetivos de la Unión, pero que ya supone un avance de contenidos extraordinario -incluso respecto a las constituciones nacionales de los socios comunitarios- que se verá completado por la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, asunto en el que la CIG de 2004 perfeccionó la propuesta de la Convención;

d- mejorar las vías de decisión y propuesta de la ciudadanía, lo que pasaría por:

*convertir al Parlamento Europeo en un legislativo pleno, algo que repercutiría directamente en el aumento de la participación en las euroelecciones;

*crear la figura del referéndum europeo vinculante, que debería ser convocado para las modificaciones de envergadura de las normas de rango constitucional;

*instituir la referéndum europeo consultivo sobre decisiones legislativas o políticas de especial trascendencia;

*poner en práctica los contenidos del principio de democracia participativa incluidos en la Constitución y que formarán parte del nuevo Tratado, impulsando el diálogo civil y social y la transparencia;

*facilitar al máximo el conocimiento y el ejercicio de la iniciativa ciudadana europea, una de las grandes innovaciones de la Convención;

*subrayar el papel de los entes regionales y locales a la hora de elaborar y aplicar las normas y las decisiones comunitarias, en el marco del principio de subsidiariedad;

*promover el papel a los partidos políticos europeos, al menos a través de dos medidas: las listas transnacionales al Parlamento Europeo y la presentación de cabezas de candidatura que pugnarían para ser Presidentes de la Comisión Europea;

*reforzar la presencia de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de la Unión, subrayando, en primer lugar y junto a otras medidas, el papel del Comité Económico y Social;

e- dar prioridad política, legislativa y presupuestaria a lo que llamaríamos "políticas y decisiones de ciudadanía", es decir, aquellas que afectan más directamente a la vida cotidiana:

*igualdad entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos, desde el empleo y el salario hasta la paridad en las instituciones, pasando por el combate contra lacras como la violencia contra la mujer;

*no discriminación por cualquier motivo: raza, discapacidad, sexo, orientación sexual, convicciones religiosas, etc.;

*las relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, empezando por la lucha frente al terrorismo y el crimen organizado y la gestión de las catástrofes naturales o humanas;

*la cohesión económica, social y territorial, configurando una Europa del empleo y la igualdad de oportunidades que forme un conjunto con la unión económica y monetaria;

*plena integración de los inmigrantes;

*garantía de los derechos de los consumidores y protección de la salud pública, con un intercambio fluido de las prestaciones de los respectivos sistemas nacionales;

*protección del medio ambiente;

*creación de un espacio compartido de educación y potenciación -especialmente en lo referido a su accesibilidad económica- de programas como el Erasmus;

*preservación de la pluralidad cultural y lingüística de la Unión como uno de sus principales patrimonios;

*fomento del diálogo intercultural.

Si una ciudadanía puede definirse (siguiendo a T.H. Marshall) por tres perfiles: civil, a través de la igualdad ante la ley, político, con el voto, y social, gracias al estado del bienestar, no puede negarse que estamos ante el surgimiento de una europea que ha ido ocupando progresivamente su lugar, recorriendo importantes etapas en ese sentido:

- la elección por sufragio universal del PE en 1979,

- el Tratado de Maastricht, con la inclusión del concepto de ciudadanía europea a propuesta del Gobierno español presidido por Felipe González, el procedimiento de codecisión y los primeros pasos en el ELSJ;

- los sucesivos incrementos posteriores de los poderes de la Eurocámara,

- la Constitución Europea, con la soberanía compartida (estados y ciudadanos), la Carta de Derechos, la perfección de la democracia bicameral y la inclusión, junto a la democracia representativa, de la democracia participativa,

- el método de la Convención,

- el nuevo Tratado, que mantiene todos esos logros excepto el Artículo 1 de la Constitución.

En fin, nuestro objetivo no puede ser otro que conformar una Unión federal con un sistema republicano de gobierno en forma de democracia parlamentaria en el que el sujeto sea un demos soberano: la ciudadanía europea.

No será sencillo, pero estoy convencido, ahora que conmemoramos el centenario del nacimiento de Altiero Spinelli, de que algún día contaremos con una Constitución de la UE que empiece diciendo algo así como "Nosotras y nosotros, la ciudadanía europea...". Entonces podremos hablar con propiedad de la existencia de un demos europeo y de una UE que, más allá de la clásica identificación de nación-estado-ciudadanía, sea el mejor ejemplo de patriotismo constitucional en el Siglo XXI.

Carlos Carnero,
Miembro de la Presidencia del Partido Socialista Europeo e integrante de las comisiones de Comercio Internacional, Asuntos Constitucionales y Peticiones del PE, Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea

jueves, 18 de octubre de 2007

¿Qué Europa queremos construir?

Por primera vez en unas elecciones europeas, la ciudadanía va a poder participar directamente en la preparación del programa de un partido político en el nivel de la Unión, el de los socialistas europeos. Porque tus aportaciones y tus ideas son absolutamente necesarias para construir esa Europa que todos queremos, te animo, como miembro de la Presidencia del PSE, a que participes a través del siguiente enlace:

http://manifesto2009.pes.org/en

lunes, 1 de octubre de 2007

El triunfo de la Constitución Europea

A continuación os reproduzco el artículo que publico en la revista TEMAS del mes de octubre. Espero que os guste.

El triunfo de la Constitución Europea


En las películas norteamericanas de los cincuenta siempre hay "chico listo" cuya más profunda reflexión se resume en que "el mundo está dividido en dos clases de personas: las que hacen esto y las que hacen aquello". No me cae bien, pero reconozco su utilidad: decir la verdad y provocar la reacción de quien escucha.

Ahora que celebramos el 50 Aniversario del Tratado de Roma, convendría preguntarle al "chico listo" sobre la situación de la construcción europea. Seguro que diría: "hay dos clases de personas: las que dicen que todo va bien y las que opinan que estamos inmersos en una profunda crisis".

Creo que no reconocer lo segundo es hacer como tener un incendio en casa y en vez de tratar de apagarlo salir corriendo.

La UE es lo mejor que ha hecho este continente. Bajo su paraguas la paz, la democracia y el bienestar social han avanzado extraordinariamente. Vale.

Pero la Europa de entonces ya no existe. Vivimos en una Europa distinta y en un mundo diferente, que demandan profundizar y terminar lo empezado en 1957.

Sin ese paso no nos quedaremos como estamos. Se equivocan quienes creen que todo seguirá funcionando, con ligeras adaptaciones. Eso podría valer para tiempos más tranquilos, pero no para estos.

¿Cómo influir en la situación internacional si somos un coro que podría pasar a la historia de la cacofonía o del silencio e intervenir en la globalización si no tenemos ni de lejos un gobierno económico que hasta la lógica más ortodoxa consideraría imprescindible cuando se cuenta con el euro? Y si no podemos hacer ni una cosa ni otra, ¿en qué cabeza cabe que podremos garantizar la seguridad, la continuidad del estado del bienestar, la gestión de los flujos migratorios, el abastecimiento energético o la lucha contra el cambio climático?

Todo ello nos lleva a la gran pregunta: ¿alguien piensa que los derechos de los europeos pueden salvaguardarse actuando solo en el nivel nacional o con los mimbres existentes en la UE, con el Tratado de Niza (= unanimidad, déficit democrático, carencia de una Carta de Derechos Fundamentales vinculante, ausencia de políticas en los campos en los que más se necesitan e instituciones para llevarlas a cabo)?

Yo no lo creo. Y por eso he considero imprescindible que el paso para completar -o casi- la unión política se de.

Algunos pensaron -con un estructuralismo de manual- que el euro llevaría a la unión política. No ha sido así y hemos estado en peligro de que de que esta última despareciera definitivamente del horizonte.

¿Exagerado? No, realista. ¿O es que la deriva intergubernamental, el miedo de los ejecutivos a hablar de Europa o su postura abiertamente euroescéptica y los resultados de los referéndums en Francia y Holanda no son síntomas evidentes?

Hay otra alternativa: culminar una unión política (o sea, también económica y social), de forma que la ciudadanía refuerce con la prueba de la práctica la confianza en la UE que todavía sigue mostrando empecinadamente en los Eurobarómetros.

Afortunadamente, esa ha sido la vía finalmente elegida en el Consejo Europeo de junio al adoptarse un acuerdo que permitirá la entrada en vigor de la columna vertebral de la Constitución Europea a través de un nuevo Tratado de la Unión.

Tal decisión no era ni evidente ni sencilla. Dada la correlación de fuerzas existente, cabían diversas opciones: quedarse en el Tratado de Niza, introducir en el mismo algunas reformas institucionales, recortar profundamente la Constitución hasta hacerla irreconocible o mantener su sustancia.

Desde mi punto de vista, haber conseguido que esta última fuera la de consenso representa un triunfo de la “Europa europeísta”, valga la redundancia, incluyendo en ella a países como España –con un referéndum de resultado tan inequívoco que ha terminado representando un anclaje esencial para que la Constitución no se fuera a pique- e instituciones como el Parlamento Europeo.

El nuevo Tratado no será la Constitución Europea, pero sin ésta hubiera sido inimaginable. Quiero decir con ello que el proceso constituyente abierto de hecho con la Declaración de Laeken en diciembre de 2002 y que ha tenido a la Convención Europea como su principal artífice, ha llegado a puerto a pesar de todo.

Desde luego, a la vista está que una Conferencia Intergubernamental a palo seco, con los gobiernos discutiendo a puerta cerrada sobre cómo reformar la UE, o hubiera parido un ratón o se hubiera disuelto sin conclusión alguna y con unas enormes consecuencias negativas.

En este caso, la legitimidad ciudadana del procedimiento utilizado (la Convención) ha sido clave para evitar la catástrofe, claro está que junto a otros cuatro factores esenciales: la excelente actuación de la Presidencia alemana, la determinación de los amigos de la Constitución Europea (empezando por España), la coyuntura política (con la llegada al Elíseo de Nicolás Sarkozy) y, por supuesto, el empuje de la realidad global en todos sus vectores.

Será con otro aspecto, pero al fin y al cabo la Constitución Europea que tantos habían dado por muerta y enterrada ha salido adelante, porque el nuevo Tratado, aunque sea con un traje pasado de moda y un formato ilegible –me río respetuosamente de los que criticaban el texto de la Convención por ser largo y farragoso-, consolida sus avances en valores, objetivos, derechos, instituciones y políticas, incluso añadiendo temas clave que se habían quedado en el tintero, como el cambio climático.

Todo acuerdo tiene un precio. En este caso, salvar las reticencias británicas, polacas y holandesas nos va costar las hechuras constitucionales, el Artículo 1 –que establecía la doble legitimidad entre estados y ciudadanos-, que la Carta de Derechos Fundamentales no figure expresa e íntegramente en el cuerpo principal del próximo Tratado y los símbolos de la Unión.

Pero lo importante es que saldremos de la crisis y la UE será mucho más una democracia supranacional con capacidad de responder eficazmente a las demandas de la ciudadanía y a los retos del mundo globalizado.

Ahora bien, es imprescindible plantearse dos preguntas que necesitan respuesta.

La primera: ¿tendremos nuevo Tratado antes de las elecciones europeas de 2009? Quiero poner la mano en el fuego, pero recordando que su ratificación sigue estando sometida a la ruleta rusa de 27 decisiones nacionales, incluyendo algunos referéndums. Que la ciudadanía vaya a votar no es el problema, que estriba realmente (como se demostró en Francia y en Holanda, en términos negativos, y en España y en Luxemburgo, en positivos) en el compromiso y la capacidad de los gobiernos y los partidos de explicar en términos claros, convencidos y europeístas lo que se propone.

La segunda: ¿con el nuevo Tratado se culmina la unión política? Mi respuesta es no. Quedará todavía un considerable trecho por recorrer. De forma que el paso que representa ese texto no puede ser considerado como el “fin de la historia” en el proceso de construcción europea, como tampoco hubiera sido correcto hacerlo con la Constitución.

Una vez en vigor el Tratado, lo lógico es hacer dos cosas: una, utilizar al máximo sus potencialidades, desarrollándolo a fondo y estirando todo lo posible sus artículos –empezando por aquellos que se refieren a reformas aligeradas pero claves en cuanto a políticas y toma de decisiones por mayoría cualificada y codecisión que no necesitan pasar por la ratificación nacional propiamente dicha-; otra, seguir pugnando por una Constitución para una Europa federal.

En ese sentido, propongo diez reivindicaciones para esa Constitución que no estarán en el nuevo Tratado de la UE:

1- la doble legitimidad de estados y ciudadanos que estaba en el primer artículo del Proyecto de la Convención;

2- la totalidad expresa de la Carta de Derechos Fundamentales, sin opting-out ni cortapisas a su interpretación y reclamación ante los Tribunales;

3- ninguna excepción a la aplicación de la mayoría cualificada y la codecisión;

4- plenos poderes del Parlamento Europeo en presupuesto y recursos de la Unión, terreno en el que sería imprescindible la creación de ingresos comunitarios directos y progresivos;

5- la simplificación de los actos legislativos, que deberían ser llamados, como hacía la Convención, leyes;

6- una política económica de la Unión digna de tal nombre, con un Banco Central Europeo que responda a sus objetivos y competencias en el terreno de la armonización fiscal, y una verdadera Europa social y del empleo;

7- una representación propia de la UE en todas las instancias internacionales, ONU incluida, junto con una capacidad militar específica para prevenir o gestionar o conflictos;

8- candidaturas transnacionales al Parlamento Europeo y una auténtica elección del Presidente de la Comisión Europea la Eurocámara a partir de los resultados electorales;

9- un acceso normalizado del ciudadano al Tribunal de Justicia de la UE;

10- la creación de la doble figura del referéndum europeo vinculante (sea para la reforma constitucional -en la que se sustituiría la unanimidad por una doble mayoría de estados y ciudadanos o, sencillamente, por una mayoría cualificada los votos de estos-, sea para actos legislativos de especial trascendencia) y consultivo (para opciones políticas de calado).

¿Federalismo europeo a ultranza? Sí, me declaro culpable.