"La UE es una democracia": mi artículo en El Huffington Post

Aquí tenéis el enlace y el texto:

La UE es una democracia

Carlos Carnero


Publicado: 01/06/2013 10:57
Conviene hacer un esfuerzo para que en esto de Europa los árboles no nos impidan ver el bosque, porque me temo que la crisis está consiguiendo, con su dureza y su permanencia, lo contrario. Y eso no es bueno, particularmente en un país que ha dado un salto espectacular en su desarrollo gracias a su pertenencia a la UE desde 1986.

Lo digo porque que cada vez es más común, incluso entre las personas más informadas y formadas, afirmar que la UE no es democrática, en un salto cualitativo desde aquel "déficit democrático" que se atribuía hace años y con razón a la construcción europea.

Por supuesto que cada uno es muy libre de pensar lo que considere oportuno (que tampoco en el tema Europa puede haber dogmas), pero una cosa es estar en desacuerdo con las decisiones que se adoptan en la UE y otra considerar que la adopción de las mismas y la propia Unión no responden ni a principios ni a normas propios de una democracia.

Yo, por ejemplo, considero que la política de austeridad por la austeridad ha fracasado (como se afirma en el II Informe sobre el estado de la UE elaborado por la Fundación Alternativas y la Friedrich-Ebert-Stiftung), pero eso no me lleva a pensar que el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión no tienen legitimidad democrática.

Sí la tienen, por mucho que rechacemos lo que deciden. La UE es la primera democracia supranacional existente en la historia y, con el Tratado de Lisboa, que ha recogido el 95 % de la Constitución que elaboramos en la Convención de los años 2002 y 2003, tiene los rasgos básicos del estado de derecho: la designación de quien gobierna en elecciones libres, la separación de poderes y una declaración de derechos jurídicamente vinculante.

No hace falta extenderse sobre la legitimidad democrática del Parlamento Europeo, que sale directamente de las urnas y tiene no solo los mismos poderes que cualquier Parlamento nacional (legislar, aprobar los presupuestos, controlar al Gobierno que vota -la Comisión Europea-), sino incluso más. Ya no estamos ante una Cámara principalmente deliberante (la que conocí cuando llegué en 1994), que también, sino ante una asamblea decisoria, representativa de la ciudadanía europea (como la que dejé en 2009).

Por su parte, la Comisión es votada, controlada y, en su caso, destituida por el Parlamento Europeo. Podremos considerar que muchas veces se equivoca, pero no por estar formada por burócratas que no rinden cuentas ante nadie: la realidad es que está integrada por políticos experimentados, de amplia trayectoria, que comparecen más ante la Eurocámara que muchos ministros nacionales ante su Parlamento, empezando por la obligación de someterse a duras audiciones antes de ser elegidos. Y que actúan con la independencia de criterio exigible a quien tiene como misión preservar el interés comunitario más allá del de cada Estado miembro.

Y el Consejo Europeo y el Consejo (que son la otra cámara de un sistema bicameral y, a veces, actúan como un ejecutivo cuando así lo señala el Tratado) no vienen de Marte, sino que están formados por Gobiernos elegidos en los Parlamentos nacionales que salen de los comicios generales en cada Estado miembro. Difícil negar a esas instituciones su legitimidad sin rechazar que nuestro país sea una democracia.

Falta decir que todas esas instituciones tienen por encima al Tribunal de Justicia de la UE, que establece la legalidad de los actos legislativos y ejecutivos en la UE, y del que solo nos acordarnos cuando sus sentencias resultan llamativamente positivas: tema desahucios, recientemente.

¿Qué hay que profundizar la democracia europea? Sí: por ejemplo, haciendo que sea el presidente del Parlamento Europeo quien proponga al candidato a presidir la Comisión tras las elecciones a la Eurocámara, que a su vez, en consecuencia podría debatir una moción de censura constructiva, o creando la figura del referéndum europeo sobre temas de especial relevancia.

Pero esa es una cosa y otra la política decidida en la UE por las mayoría salidas de las urnas, vía nacional o europea, que hoy gobiernan en el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión y el Parlamento de Estrasburgo, por cierto, imponiendo sus opciones ideológicas por la vía de olvidar que la construcción europea ha sido siempre y debería seguir siendo el producto de un gran consenso político y social, de una gran coalición europeísta.

Así que, como la UE es una democracia, para cambiar la actual política de austeridad por otra que esté equilibrada a favor del crecimiento y el empleo, lo mejor es ejercer el poder que la ciudadanía europea tiene en sus manos: votar en consecuencia en el nivel nacional y en el comunitario, empezando por las elecciones a la Eurocámara de 2014. Sin olvidar otras vías de democracia participativa como la Iniciativa Ciudadana Europea o las movilizaciones de ámbito comunitario (incluida la huelga), amparadas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

¿Restringir el derecho de huelga? No en Europa: mi post en el blog Alternativas en El País

¿Restringir el derecho de huelga? No en Europa

Por: Alternativas | 30 de marzo de 2012

Carlos Carnero

Seguramente, el rotundo éxito del 29-M aumentará el volumen de las voces que en las semanas precedentes han tratado de alentar el debate sobre una nueva regulación del derecho de huelga, y no precisamente para facilitar su ejercicio, sino para restringirlo y dificultarlo.

El derecho de huelga está recogido en la Constitución Española de 1978, como en el resto de las leyes fundamentales de los países democráticos, empezando por los de la Unión Europea. Hasta la fecha, el uso del mismo ha tenido siempre una dimensión nacional.

Sin embargo, conviene no olvidar que el ordenamiento jurídico español, como el del resto de los estados miembros de la UE, tiene en su cima el derecho comunitario, cuya primacía, aún no estando explícitamente expresada en el Tratado de Lisboa, está reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.

El Tratado de Lisboa, en su artículo 6.1, afirma que "La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados".

A su vez, la Carta establece en su artículo 27 que "los trabajadores y empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga".

Hay dos aspectos relevantes a destacar. Por un lado, la inclusión de la Carta en el Tratado le confiere un carácter jurídicamente vinculante. Por otro, su aplicación está limitada a los casos en que las instituciones de la Unión o los estados desempeñen las competencias que tienen atribuidas o apliquen el derecho comunitario.

Es decir, la legislación europea extiende el derecho de huelga hasta el punto de que, llegado el caso, pudiera ser ejercido en el nivel de la Unión.

Si tenemos en cuenta que muchas de las medidas restrictivas del Estado del bienestar a las que se oponen las centrales que integran la Confederación Europea de Sindicatos se adoptan en Bruselas -vía Consejo y Comisión, con su actual mayoría de derechas- y son aplicadas por y en los estados miembros, no tendría nada de extraño que, llegado el momento, los trabajadores llegaran a plantearse una huelga europea que encajaría perfectamente con los derechos reconocidos por el Tratado de la Unión.

Otra cosa es que alguna vez se convoque o que sea, llegado el caso, positivo o negativo hacerlo. Pero no estaría de más que quienes pretenden solventar la discrepancia de los sindicatos reduciendo sus posibilidades de actuación en el caso de la huelga, fueran conscientes de que el ejercicio de la misma se ha ampliado incluso en el marco de la UE.

Mi artículo sobre los los derechos humanos en el número de octubre de Temas

Espero que os interese el artículo que publico en el número de octubre de la revista Temas, dedicado a los derechos humanos.

Mi artículo se titula "Una Unión de valores para garantizar derechos" y lo tenéis en este enlace de Hablamos de Europa.

Retorno a Europa, retorno al futuro

Después de las elecciones al Parlamento Europeo y a 6 meses de la Presidencia Española de la UE, publico esta semana en www.queeuropaqueremos.com un artículo titulado "Retorno a Europa, retorno al futuro" que reproduzco a continuación y espero que os parezca interesante.


RETORNO A EUROPA, RETORNO AL FUTURO

Las últimas elecciones europeas, más que respuestas, han introducido nuevas y acuciantes preguntas.

Por ejemplo, ¿por qué sigue aumentando la abstención? o ¿cuáles son las razones del crecimiento de los partidos antieuropeos?, por citar solo dos interrogantes.
Con el Tratado de Lisboa –heredero directo de la Constitución que elaboramos en la Convención- en vigor, la UE será más democrática y eficaz: contará con una Carta de Derechos Fundamentales jurídicamente vinculante y figuras de democracia participativa tan novedosas como la Iniciativa Ciudadana Europa (un millón de europeos podrá instar a la Comisión a presentar un proyecto legislativo), asumirá nuevas competencias en terrenos clave y reforzará sensiblemente la Eurocámara, que seguirá en su suma y sigue de incremento de poderes.


En pura lógica, tal perspectiva debería haber atraído a los votantes a las urnas y promovido un apoyo sin resquicios a los partidos europeístas…si la mayoría de estos hubieran sido capaces de explicar tales avances con claridad, no sólo a lo largo de los días de campaña, sino sobre todo antes de la misma.

Todavía más: en medio de una crisis económica como la que padecemos, la existencia de la UE se muestra como el mejor instrumento para resolver los problemas. Pero, con excepciones, los gobiernos son reacios a formular con voz alta y clara una reivindicación de Europa como horizonte y como herramienta cotidiana.
Por eso es tan urgente dar un giro europeísta en el discurso y situar a la UE en las prioridades políticas y públicas de los gobiernos y de los partidos.

Un momento clave para ello será la Presidencia Española de la UE, que abordará temas tan definitorios como la crisis, la conformación de un orden internacional más justo (aliados para ello tenemos, como el Presidente Obama) y la profundización política de la construcción europea vía aplicación y desarrollo del Tratado de Lisboa.

El semestre español debe convertirse, así, en un punto de inflexión cualitativo y cuantitativo en la gestión comunitaria, que permita recuperar a la UE como proyecto y contribuya a que sus hombres y mujeres piensen como lo que son: ciudadanos europeos.


Para ello, el reto de la Presidencia Española de la UE puede resumirse en una frase: conseguir que los gobiernos y los partidos retornen a Europa como discurso y, en consecuencia, retornen al futuro.
En ese objetivo, la participación activa y crítica de la sociedad civil –como tratamos de promover a través del programa “Hablamos de Europa” y otras muchas iniciativas- es imprescindible.
La web “Qué Europa Queremos” es un buen ejemplo de por donde avanzar.

Defendiendo los valores y los derechos europeos

Creo firmemente que la defensa de los valores que informan la construcción europea y los derechos que figuran en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE debe llevarse a cabo diariamente y en cualquier circunstancia. El próximo 1 de enero esa Carta -que fue incluida en el proyecto de Constitución que elaboramos en la Convención Europea y, a partir de ahí, está contemplada en el nuevo Tratado de la UE- será con toda probabilidad jurídicamente vinculante. Por ello he presentado una pregunta parlamentaria teniendo en cuenta los acontecimientos vividos en Italia en los últimos días, a la que hace refeencia hoy en El País Andréu Missé en su crónica desde Bruselas, que reproduzco a continuación:

"20.000 'sin papeles' en centros de la UE
Los inmigrantes permanecen detenidos en condiciones a veces peores que en las cárceles
ANDREU MISSÉ - Bruselas - 18/05/2008
Unos 20.000 inmigrantes permanecen detenidos durante largos periodos y en condiciones a veces peores que en las cárceles, sólo por carecer de papeles. Un minucioso estudio encargado por el Parlamento Europeo califica de "patógenas" las situaciones que padecen los detenidos, especialmente las personas vulnerables como ancianos, menores y embarazadas. Los autores han puesto al descubierto las duras condiciones existentes en 132 centros visitados (sobre un total de 174) en la UE en 2007. Un informe de la Eurocámara sugiere reducir el tiempo de detención
En Chipre y Estonia hay casos de 'sin papeles' retenidos durante tres años
Las condiciones de higiene en algunos centros de España son "inaceptables"
Los Veintisiete reanudarán el miércoles el debate sobre la Directiva
El informe recomienda especialmente reducir el tiempo máximo de detención en casi todos los países, incluso en casos como Bélgica (cinco meses) y Hungría (seis meses). La Directiva de Retorno que esta semana se volverá a debatir propone 18 meses de periodo máximo. El mismo que Alemania. Nueve países no tienen límite (Reino Unido, Holanda, Polonia, Finlandia, Chipre, Dinamarca, Lituania, Estonia y Suecia).
Los efectos sobre la salud de los largos periodos de detención es uno de los aspectos más críticos del estudio. "Las situaciones de encierro prolongadas", señalan los responsables de los centros, "eran difícilmente soportables y constituían situaciones patógenas acentuadas por las condiciones de los lugares, impropios para largas estancias, la incomprensión de los procedimientos y la incertidumbre sobre la duración del encierro".
Los investigadores han encontrado detenidos durante más de tres años en Chipre y Estonia. Sara Prestianni, politóloga y coordinadora de Migreurope, afirma que en Italia, que tiene un límite de 60 días, "hay personas que han sido detenidas siete u ocho veces seguidas". "Cuando salen tienen un gran riesgo de volver a ser detenidos y esto conduce a situaciones patógenas". En ciertos países, los inmigrantes "pueden ser detenidos y colocados de nuevo en un centro de retención, como Luxemburgo, Bélgica y Francia", sostiene el estudio.
Sophie Baylac, jurista, que ha investigado la situación en Hungría, Polonia y República Checa, y es coordinadora de La Cimade, dedicada a la atención de inmigrantes, considera "desmesurado el límite de detención de 18 meses porque el trámite de los expedientes es un asunto que en Francia se resuelve en 15 días".
Las condiciones de higiene son muy variables. "Desde globalmente correctas", señalan los autores, "han sido consideradas como inaceptables; es decir, inhumanas y degradantes en ciertos países visitados, por ejemplo, Chipre, Malta, España, Italia y Grecia".
Para Olivier Clochard, geógrafo, responsable de la cartografía del trabajo, estima "difícil precisar el número de detenidos en la UE por la falta de registros". Pero las cifras de 20.000 o 25.000 detenidos que se desprenden del trabajo, "deben considerarse como mínimo".
Los investigadores han tenido en cuenta los informes de las misiones de europarlamentarios a los centros más polémicos. La primera iniciativa fue llevada a cabo por el Grupo de Izquierda Unitaria Europea en la isla de Lampedusa (Italia) en 2005, organizada por el eurodiputado Giusto Catania. Después, la Comisión de Libertades de la Eurocámara ha enviado misiones a Ceuta, Melilla, París, Malta, Canarias, Grecia y Bélgica.
Catania, que ha visitado varios centros, afirma que "en algunos la gente vive peor que en las cárceles, sin régimen de visitas y sin los derechos de los prisioneros". Considera especialmente dramática la imposibilidad de identificación de los detenidos.
Los autores de la investigación muestran especial preocupación por la presencia de menores acompañados en los centros de detención cerrados en la gran mayoría de Estados. Esta situación "es juzgada particularmente preocupante en Grecia y Chipre".
Kris Pollep, de Amnistía Internacional, expresa su inquietud porque "las mejoras de las condiciones de vida de los centros en la propuesta de la Directiva son muy ambiguas". La Asociación Europea para la Defensa de los Derechos del Hombre ha hecho un llamamiento, junto a otras ONG, a los parlamentarios para que no aprueben la Directiva de Retorno.
El debate sobre la Directiva se reanudará el miércoles por parte de los representantes de los Veintisiete. El 7 de mayo no se logró un acuerdo por la oposición de 10 países que pidieron más rigor al proyecto, que eleva el límite de detención a 18 meses, permite la detención por decisión administrativa, sólo asegura el control judicial "lo antes posible" y prevé la detención de menores no acompañados en centros especiales.
Las agresiones a rumanos y gitanos en Italia y las declaraciones de su primer ministro, Silvio Berlusconi, despiertan temor en la UE. Unos 20 diputados liberales, entre los que figuran Ignasi Guardans y Josu Ortuondo, han expresado su preocupación al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, por las declaraciones de Franco Frattini, ex comisario de Justicia y hoy ministro de Exteriores italiano, por considerar que son una seria violación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
El eurodiputado socialista Carlos Carnero ha dirigido una pregunta a la Comisión para que explique "qué medidas piensa adoptar para asegurar los derechos de los ciudadanos rumanos o de etnia gitana".

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE, más que un avance

2 May 2008
La Vanguardia
La Vanguardia
BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

Algo de visionarios tenían los políticos que allá por el año 2000 redactaron la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y apostaron por incluir, en el capítulo sobre la Igualdad, la prohibición de discriminar a las personas en razón de sus características genéticas. Y ahí está recogida, en el artículo 21 del capítulo II de esta Carta que sólo será jurídicamente vinculante desde el 2009, cuando entre en vigor en la UE el tratado de Lisboa y el texto se convierta en derecho primario, al mismo nivel que los tratados de la UE.

“Había una voluntad de no incluir sólo derechos consolidados como los que recoge el Convenio europeo, que tiene 50 años. Estábamos de acuerdo en que debían garantizarse otros, a la luz de los avances biotecnológicos, en los que nadie podía pensar años atrás”, recuerda el eurodiputado socialista Carlos Carnero, miembro de la Convención que redactó la Carta, que también prohíbe explícitamente la clonación humana con fines reproductivos.

¿Es esa protección tan efectiva como la que Estados Unidos está procurando a sus ciudadanos con la aprobación de una ley específica contra la discriminación genética? Sí y no. “La protección es efectiva en los ámbitos afectados por la legislación comunitaria. Si un Estado miembro tolera este tipo de discriminaciones dentro de sus leyes nacionales, la Carta no tiene efectos”, advierten fuentes jurídicas del Consejo. Pero si se trata en ámbitos en los que la UE sí ha legislado, “quienes se sientan afectados pueden ir a un tribunal e invocar la Carta”, sostiene la eurodiputada alemana Sylvia-Yvonne Kaufmann. De hecho, el Tribunal de la UE ya ha usado la Carta como referencia.

Europa ha adoptado distintas posiciones a la hora de enfrentarse a esta cuestión, por ahora un problema más teórico que real. Países como Francia, Suecia o Dinamarca prohíben por ley este tipo de discriminación, mientras que otros restringen su uso en el ámbito laboral (Austria, Holanda) o de los seguros, un área que no está cubierta por ejemplo en el Reino Unido y donde la industria ha adoptado una moratoria voluntaria. Para garantizar una protección más efectiva de este principio de no discriminación, Carnero apuesta por que la Comisión Europea proponga una directiva contra la discriminación genética, “igual que existen otras en referencia al sexo, la edad, la nacionalidad o la orientación sexual”.